El Estado es el que debe reducir la desigualdad económica

La realidad, más terca que las sedantes teorías, viene a dar el mentís en muchas cosas o hipótesis que creemos ciertas; en el caso de el aumento de la riqueza, a través las impresionantes éxitos de las grandes empresas, hay un creciente empobrecimiento de la clase media, y aumenta la pobreza. 

No basta, pues, con el simple crecimiento. El mercado dejado a su libre acción no distribuye; es más bien terriblemente concentrador, característica inmanente a él. Consecuentemente, para reducir la desigualdad económica y la pobreza, la realidad nos dice que debe intervenir otro poder que posibilite la distribución, y ése no es otro que el Estado. Y debe hacerlo mediante la aplicación de una política sistemática que se proponga la reducción de la brecha del ingreso. 

Tal estrategia distributiva debe instrumentarse a través de un sistema fiscal progresivo que obligue a pagar más impuestos a quienes más ganan; una política de incremento salarial, superando el congelamiento de salarios que permite a las grandes empresas acumular ganancias a costa de los trabajadores; una reorientación en el gasto público a favor de los sectores sociales más desprotegidos, y el fortalecimiento del mercado interno sobre las exportaciones. 

Pero si el Estado, impedido por la oposición de los grandes corporativos empresariales, no interviene y renuncia a la tarea de elevar el bienestar social, en cuyo caso, el progreso sólo será posible con la intervención decidida de la sociedad civil, activa y políticamente educada, actuando como contrapeso al poder de los corporativos. Es la única forma efectiva de revertir, o al menos atenuar, la terrible, y peligrosa, polarización económica de nuestra sociedad, y luego poco a poco eliminar la dependencia hacia el país vecino.